El martes pasado, Chile vivió el mayor apagón en 15 años, un evento sin precedentes desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Millones de personas quedaron a oscuras durante más de ocho horas, en un episodio que expuso con crudeza las debilidades estructurales de nuestro sistema eléctrico y la falta de coordinación entre las entidades responsables. Lo ocurrido no puede quedar solo en explicaciones y tecnicismos: se debe actuar con severidad para evitar que esta crisis se repita.
A diferencia del apagón de 2010, que tuvo un factor exógeno -uno de los terremotos más devastadores en la historia del país-, esta vez no hay una razón aparente que justifique un colapso de semejante magnitud. Fallaron todos los planes de contingencia, dejando en evidencia la precariedad de la infraestructura energética y la incapacidad de respuesta ante una emergencia.
La falta de información clara y oportuna por parte de las autoridades solo incrementó la incertidumbre y la indignación de la ciudadanía. No es aceptable que un país con los avances tecnológicos y la capacidad técnica de Chile experimente fallas de esta magnitud sin un motivo claro. La población no puede quedar a merced de un sistema vulnerable, con explicaciones vagas y sin responsables concretos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y con el respaldo de todos los mecanismos legales disponibles, debe llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de este apagón y establecer responsabilidades. No basta con diagnósticos superficiales ni promesas de mejoras futuras. Es imprescindible tomar medidas concretas y sancionar a quienes corresponda.
Chile no puede permitirse volver a la oscuridad por negligencias o fallas evitables. La seguridad y estabilidad del sistema eléctrico deben ser garantizadas con urgencia, antes de que una nueva crisis vuelva a dejar al país en penumbras.