Con el cambio de gobierno en marzo de 2022, el foco político en La Araucanía también vivió una reconfiguración. El nuevo presidente Gabriel Boric designó a Raúl Allard como delegado presidencial regional, una figura que rápidamente marcó distancia del enfoque de “mano dura” de la administración anterior.
Allard, abogado y exacadémico, asumió con un discurso centrado en el diálogo intercultural, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo territorial, aunque sin dejar de condenar los hechos de violencia rural que siguieron marcando la agenda noticiosa del año.
Uno de los primeros gestos del nuevo delegado fue reunirse con lonkos, dirigentes mapuche y representantes de comunidades en conflicto, con el objetivo de abrir canales de diálogo permanente. Paralelamente, el gobierno activó un plan de apoyo a víctimas de violencia rural y reforzó programas sociales en las comunas con mayores índices de pobreza.
Pese a estas señales, la tensión no disminuyó del todo. Sectores gremiales y agrícolas criticaron la falta de medidas concretas en materia de seguridad, mientras algunas comunidades indígenas acusaron al gobierno de no cumplir las promesas de restitución territorial.
A fines de 2021, La Araucanía se mantenía como uno de los principales desafíos del Ejecutivo, en un escenario donde el cambio de tono en el discurso no ha sido suficiente para resolver décadas de deuda política, desigualdad estructural y conflicto interétnico.
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