En 2022, Temuco enfrentó una de las peores crisis habitacionales de los últimos 15 años. La ciudad registró un aumento sostenido de campamentos urbanos, con más de 6.000 familias viviendo en condiciones precarias y sin acceso a servicios básicos, según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La situación se agudizó por la migración interna desde zonas rurales, especialmente tras la pandemia, y por la creciente dificultad de acceder a viviendas en arriendo. A eso se sumó un aumento en los costos de materiales de construcción, lo que ralentizó los proyectos del Serviu y dejó a cientos de familias en lista de espera.
Uno de los casos más visibles fue el de la toma “Lucha y Esperanza”, levantada en terrenos fiscales en el sector Pedro de Valdivia, donde más de 400 familias —muchas de ellas encabezadas por mujeres— se instalaron exigiendo soluciones habitacionales. “No queremos caridad, queremos un terreno donde construir dignamente”, expresó una de las voceras del asentamiento.
Desde el gobierno regional se anunció un plan de emergencia habitacional, que contempla más de 3.000 subsidios entre 2022 y 2023, pero los dirigentes vecinales reclaman que las soluciones son lentas y desiguales.
La presión por vivienda también reavivó el debate sobre el uso de terrenos fiscales y privados en desuso, así como la necesidad de actualizar el Plan Regulador de Temuco, que data de 2005 y no responde a las necesidades actuales de expansión urbana inclusiva.
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