Al momento del narco estallido social del 18 de octubre de 2019, sólo un 3 por ciento de la población exigía una nueva Constitución. Luego, ¿por qué la clase política nos hizo creer lo contrario?
En las postrimerías de su segundo mandato, la entonces presidenta Michelle declaró pomposamente al país que era menester contar con una nueva Constitución, más inclusiva. “Hay que conversar con los adultos, los sindicatos, las universidades, pues es importante valorar el trabajo de las organizaciones sociales, porque hace un tiempo hablar de esto era impensado”.
Ya tenemos el borrador de la nueva Carta Magna y me surgen algunas preguntas: ¿de qué forma de inclusión estamos hablando?
¿Participarán todos los sindicatos? ¿El valor de la palabra del sindicato de la gran minería del cobre tendría el mismo peso que la del sindicato del carbón? ¿Las universidades del CRUCH tendrán más peso que aquellas que no lo son? ¿No pasará lo mismo que con la gratuidad, donde las universidades que no forman parte del CRUCH fueron las más afectadas en la cacareada gratuidad? ¿Si participan las universidades en esta nueva constitución, ¿se dejarán afuera las federaciones de estudiantes? ¿Cuándo hablamos de las organizaciones sociales, ¿se incluyen las juntas de vecinos?
Queda claro que la inclusión total es una entelequia, pues de llevarse a la realidad, el debate se tornaría en un pandemonio de nunca acabar.
En sólo cinco horas, parlamentarios de derecha e
izquierda se pusieron de acuerdo para acordar una
nueva Constitución. Demasiada coincidencia, ¿verdad?
REFRESCANDO LA MEMORIA
A raíz del narco estallido social del 19 de octubre de 2019, la clase política entró en estado de pánico. El presidente dela República, Sebastián Piñera se precipitó anunciando al país la redacción de una nueva Carta Magna. Diputados y senadores celebraron alborozados el anuncio. Jamás los congresales de derecha e izquierda habían actuado tan estrechamente unidos. Ahora sabemos con más detalles las razones: si continuaba el estallido callejero, la encolerizada turbamulta iría a sacar al presidente de La Moneda por la fuerza. Y luego, ¿por quién irían? Por el Parlamento, senadores y diputados incluidos. En consecuencia, congresales de izquierda y derecha, en cinco horas se pusieron de acuerdo en algo que los tenía en veredas opuestas desde el año 2005.
Demasiada coincidencia, ¿verdad?
Huelga recordar que al momento del narco estallido social, la redacción de una nueva Carta Magna no era prioridad de la gran mayoría, pues solo un 3 por ciento la exigía.
Pero la desacreditada clase política una vez más se salió con la suya; y se empecinó en enfatizar que a Chile le hacía falta una nueva Constitución.
Pero la verdadera intención de la clase política era conservar sus cargos, dietas, privilegios y sinecuras…
Con el Congreso Nacional más mediocre e inepto de la historia, más unos constituyentes que no califican ni para Juntas de Vecinos (con el perdón de las Juntas de Vecinos) hoy tenemos un Borrador de Constitución convertido en una oda a la irracionalidad. Es cosa de leer la prensa extranjera, partiendo por el semanario inglés The Economist, el más prestigiado del mundo.
Con una ex Concertación que no supo defender su valioso legado (se trata del conglomerado político más exitoso de la historia) y una derecha sumisa, arrinconada y hasta rampante, la izquierda radical y extrema hizo su mejor negocio: apoderarse de la Asamblea Constituyente.
En nuestros zarandeados tiempos parece predominar la idea de que la democracia consiste en la aplicación generalizada de la norma según la cual la mayoría está facultada para discernir todo tipo de cosas. En consecuencia, suele creerse que mientras más asuntos sean resueltos por la vía de una votación popular, más democrática será la respectiva sociedad.
Si lo anterior fuese verdadero, Adolfo Hitler, que desarrolló su gobierno apoyado en una mayoría popular –al menos durante los primeros ocho años- habría cumplido los requisitos necesarios para ser considerado un gobernante democrático. No obstante hay unanimidad de pareceres para estimar que no lo era.
En otras palabras, la regla de que la mayoría manda no es un requisito suficiente para que una sociedad sea democrática. Empero, esa idea está muy arraigada en nuestra América Latina (Chile incluido, desde luego).
Hace ya casi una década, dos cotizados profesores, T.Persson y G.Tabellini, publicaron un influyente libro titulado “Los efectos económicos de las Constituciones”. En él, los académicos demostraron la asociación empírica entre el desempeño económico de los países y las características de las respectivas constituciones.
A la luz de la evidencia y dada la incertidumbre respecto de nuestro rumbo, es válido preguntarse, ¿cómo asegurar la prosperidad de nuestra economía ante cambios en el orden constitucional? Al respecto, se hace necesario responder la pregunta mirando lo que ocurre en nuestro barrio. Desde mediados de los años 80, siete países en la región han adoptado nuevas constituciones y tres las han reformado sustancialmente. Sin embargo, ninguno de ellos vio despegar su economía producto de los cambios y no se produjeron mejoras en aquellas zonas en que se suponía, las reformas cambiarían la situación.
Por favor lea el borrador de la nueva Constitución y llegará a la misma conclusión que yo: no califica ni para borrador.
(Continuará)